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¿Qué contempla acusación contra Piedad Córdoba?: dólares por empresario venezolano y consignaciones familiares

¿Qué contempla acusación contra Piedad Córdoba?: dólares por empresario venezolano y consignaciones familiares

¿Qué contempla acusación contra Piedad Córdoba?: dólares por empresario venezolano y consignaciones familiares

¿Qué contempla acusación contra Piedad Córdoba?: dólares por empresario venezolano y consignaciones familiares


Desde la Redacción Hasta que caiga la tiranía

Un millón de dólares concedidos por un empresario venezolano, un lujoso jet privado a su completa disposición y millonarios depósitos bancarios a sus familiares. Algunas de las nuevas evidencias en contra de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, y las cuales forman parte del expediente contra la congresista, quien ha sido citada por el Tribunal Supremo por delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y peculado.

El documento contentivo de 61 páginas de la Corte Suprema de Justicia, ha sido develado en exclusiva por la prestigiosa revista colombiana Semana, en que se exponen los argumentos sostenidos tras años de investigación y negativas de la senadora a presentarse ante el máximo tribunal para enfrentar el proceso, en que se le vincula con el régimen venezolano desde los inicios con Hugo Chávez.

También, el voluminoso documento da cuenta de un gigantesco carrusel de comisiones a cambio de facilitar pagos a empresarios colombianos desde el gobierno de Colombia, y hasta el uso de funcionarios de su UTL para esas "vueltas".

Bastante revelador: hay un nombre de un empresario venezolano identificado como Carlos Balilla Battistini, quien sería el propietario de la empresa Led Media Colombia, que según el documento, "durante los años 2009 y 2010 financió eventos, sufragó gastos publicitarios, pagó tiquetes aéreos y vuelos chárter para la congresista Córdoba Ruiz, su familia y terceros (...) en razón de la intermediación de aquella en el vecino país, lo que condujo a que tanto su patrimonio, como el de su familiares, más cercanos, se acrecentara sin justificación".

Y justo sobre Led Media, detalla la citación judicial, "al parecer, fue creada con el único fin de ser el vehículo para que Córdoba dispusiera de ellos en favor suyo, en particular, a través de gastos en desplazamientos de quienes ella determinara, en la realización de eventos públicos, pago de vuelos privados dentro y fuera de Colombia, o para ser entregados en efectivo a ella directamente o por medio de sus asesores".

De acuerdo a las pruebas que sustentan el expediente, la sociedad Led Media era propiedad de Carlos Battistini, pero era dirigida por una persona a través de Nilton Polanco Lasso, información dada en confesión por esta última persona.

Esta relación implicaba cancelaciones millonarias, entre las cuales una oscila por un millón de dólares, según lo investigado por la Corte.

"Los compromisos económicos que adquiría Battistini con la senadora Córdoba para que esta, a su vez, prestara sus servicios ante el régimen de Venezuela, y el acuerdo con el empresario era que entregaría un millón de dólares, los que se invertirían conforme a las necesidades de la aforada".

Lo más grave es que esa empresa era de papel. Y de acuerdo a los documentos, Polanco es quien prendió el "ventilador" y dijo que en los años 2009 y 2010 cuando se dieron las millonarias transacciones; "la empresa no tuvo operación comercial, ni reportó gastos".

"Dineros que, al parecer, en su mayoría, tuvieron como destino los compromisos económicos adquiridos con Córdoba, sin que generara ninguna cuenta por cobrar o acreencia en favor de la compañía", señala el documento de la investigación.

va foto... La revista Semana también cita que en el expediente de la Corte Suprema aparece otra identificación, no menos importante, el supuesto narcotraficante venezolano Walid Makled García, alias "El Turco", detenido en Colombia en agosto de 2010, lo cual levantó una tormenta diplomática; era solicitado por Estados Unidos y Venezuela, pero entregado a este último país, donde lo condenaron a 14 años de cárcel.

Mackled llegó a declarar sobre la relación de Córdoba y Battistini; "ella captaba empresarios colombianos y se los presentaba a Hugo Chávez, por lo cual cobraba 600 millones de bolívares. Si de esa reunión después el empresario que había sido presentado lograba un contrato, el 10 por ciento era para ellos".

También agregó que "me manifestó que estaba financiando varias campañas y una de ellas, de la señora Córdoba, a quien le puso a disposición un lujoso jet privado. No era una avioneta como la senadora alegó. El combustible y todos los gastos como comida, hoteles, y de los del jet, lo financiaba Battistini. Ella era la que llevaba empresarios tanto colombianos como venezolanos, estos últimos recomendados por Battistini, y les hacía la cita con el presidente, ella era amiga de Hugo Chávez".

En cuanto al supuesto enriquecimiento ilícito, la investigación arroja que también aparece otro nombre de un empresario: Alberto Aroch Mugrabi, señalado de lavado de activos, como millonarias exportaciones ficticias, según la Comisión Nacional de Administración de Divisas.

Entre otras operaciones ilegales, las exportaciones ficticias a Venezuela aparecen que Aroch Mugrabi usó los servicios de Córdoba mediante el pago de una comisión del 10 por ciento, describe el documento.

En todo este entramado, otro nombre que también se cita es el del excongresista Miguel Pinedo, quien también participó de la intermediación para facilitar los pagos desde Venezuela a cambio de comisiones.

Sería Miguel Pinedo, quien intercedió con Aroch Mugrabi "para influir ante el gobierno venezolano, para el pago de los títulos, lo que llamaban Cadivi, mucha gente acá en Colombia tenía eso, todo eso se escuchó allá en Venezuela; en Colombia mantenía eso cerrado y ella era el vehículo", reveló Pinedo en otro revelador testimonio recaudado en la Corte contra Córdoba.

Y más comprometedor es la conclusión: "se puede afirmar que Córdoba habría adelantado, con el auxilio de Andrés Vásquez (asesor de su UTL), actividades al parecer irregulares que le habrían reportado cuantiosos ingresos, al paso que sus familiares más cercanos reportaron unos movimientos patrimoniales injustificados por cientos de millones de pesos, confrontada la actividad de cada uno".

Esta investigación involucra a por lo menos 13 familiares de Piedad Córdoba, padres, hermanos, hijos y hasta su expareja figuran como beneficiarios de jugosas consignaciones, por montos cercanos a los 3 mil millones de pesos.



"Se tiene que los informes de policía judicial números 29875-177 y 29875-278, del primero de junio y 13 de agosto de 2021, contentivos del estudio patrimonial de la investigada y de su núcleo familiar extendido, arrojando como resultado ingresos por justificar de sus familiares cercanos, quienes no tenían actividad económica identificada, en particular, por la suma de 2.867.136.672 pesos", indica el documento que expone más de 80 transacciones con su "núcleo familiar extendido", un tema que la Corte le pidió investigar a la Fiscalía.

Tampoco la Corte dejó pasar por alto la simpatía de la senadora con las Farc y mucho menos sus negocios y cercana relación con Alex Saab, señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro, hoy encarcelado en Estados Unidos.

"La senadora Córdoba supuestamente se relacionó, desde 2009, con Alex Saab, a quien le pidió apoyo económico para su actividad política a cambio de que adelantara sus "intermediaciones" ante Chávez para recuperar dinero en la Cadivi.

A través de esta relación, Saab Morán pudo usar una de sus empresas para recaudar las comisiones que Córdoba recibiría por su ilícita gestión en Venezuela, consta en el expediente. "Gran parte de este apoteósico enredo de Córdoba salió a la luz por las denuncias de Andrés Vázquez, miembro de la UTL de la congresista, quien se convirtió en el enlace para los negocios; "se evidenció que entre 2007 y 2010 permaneció múltiples y extensos periodos en Venezuela, más de mil días, marginado de la UTL a la que pertenecía. Sin embargo, la senadora certificó que había realizado sus labores oficiales, lo cual condujo a que se le cancelarán salarios y prestaciones sociales". De allí, la acusación por peculado.

Córdoba ha calificado esta investigación como una persecución por sus férreas posiciones políticas, no ha asistido a las citaciones de la Corte Suprema de Justicia y deberá enfrentar el juicio en que tendrá espacio para su defensa.



Con información Alberto News.