Henry Alviárez y Dignora Hernández: víctimas de detenciones forzadas y arbitrarias

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía-

Por participar en presuntos "planes conspirativos". El delito "sine qua non" tomado ahora por el régimen madurista para justificar sus acciones fuera de ley contra quienes disienten. Es el delito que le atribuyen a Henry Alviárez y a Dignora Hernández, coordinador nacional y de política del movimiento partidista Vente Venezuela, fundado por la líder María Corina Machado.

Ambos dirigentes políticos cumplen hoy un mes detenidos de manera arbitraria y "desaparición forzada", porque no han sido presentados en audiencia y sin que hasta a la fecha hayan tenido acceso a la defensa privada, ni poder ser vistos por sus familiares.

Son casos de "crímenes de lesa humanidad", ha reiterado el abogado Omar Mora Tosta, por cuanto son un delito de derecho internacional por el cual los Estados están obligados a rendir cuentas a los responsables mediante la investigación criminal y el debido procesamiento. Situación que no ha ocurrido con Alviárez ni con la dirigente, ambos cercanos colaboradores de la líder favorita de la oposición venezolana.

“Una desaparición constituye quizás la violación más perversa de los derechos humanos. Es la negativa del derecho de un individuo a existir, a tener una identidad. Convierte a una persona en un ser no existente. Es el grado más avanzado de corrupción y de abuso del poder de que se valen las autoridades a cargo del mantenimiento de la ley y el orden para burlarse del uno y del otro y rebajarse a cometer crímenes civiles, como método de represión contra los opositores políticos”, pronuncia Niall Macermot, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, en la página web de Amnistía Internacional.

Crímenes de la competencia "Ratione Temporis" de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ratifica Sonia Parayre, candidata francesa al doctorado en Derecho Internacional de la Universidad de Paris.

El Día “D”: de la “desaparición forzada”

20 de marzo: día de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. Día en que Henry Alviárez y Dignora Hernández andaban juntos realizando sus habituales labores de campaña en Caracas, cuando de pronto fueron interceptados por sujetos encapuchados aparentemente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y abordados a la fuerza hacia una camioneta. Un fuerte grito pidiendo auxilio salió de Dignora Hernández. Ese grito que resuena entre los más de 250 presos políticos de “conciencia” que están tras las mazmorras de la dictadura criminal.

A los pocos días, los dirigentes fueron presentados ante el Tribunal Segundo de Terrorismo en la sede del Sebin "a escondidas" para impedir la defensa privada e imponer defensores públicos. Al dar a conocer la noticia, el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó con su característico discurso paranoico que Alviárez y Hernández estaban involucrados en las “tramas conspirativas” contra el régimen.

Y es que ambos dirigentes forman parte del equipo de confianza de María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras en 2023 y a la que no se permitió postularse a las elecciones presidenciales del 28 de julio por haber sido “inhabilitada” de manera írrita por la también Contraloría tomada por los lineamientos criminales del sistema madurista.

Según Saab, las detenciones surgieron tras el testimonio del coordinador de Vente Venezuela en Barinas, Emill Brandt Ulloa, sobre supuestos planes violentos. Brandt Ulloa fue aprehendido el 8 de marzo y presentado ante un video con evidentes signos de manipulación.

La defensa presentó la denuncia sobre la violación de los derechos de Henry Alviárez y Dignora Hernández ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. A los ochos días es que los familiares recibieron las llamadas de que los dirigentes de Vente Venezuela se encontraban en la sede del Sebin, en El Helicoide y les solicitaron llevar ropa y medicinas.

"Nosotros fuimos con los familiares a hacer guardia ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, nunca los llevaron. Después presentamos denuncias formales sobre la detención arbitraria y desaparición forzada porque, independientemente de que el Ministerio Público había dicho que se les habían llevado detenidos, en todos los sitios de reclusión y en el tribunal de la causa decían que no tenían información de Henry Alviárez y de Dignora Hernández", ha denunciado a la prensa el abogado Omar Mora Tosta.

Así se administra la justicia en el régimen criminal que impera en Venezuela, en que el fiscal Saab se ha convertido en el investigador, conocedor de la causa y juez, donde no existe una Corte Suprema; todas las instituciones han sido “asaltadas” al peor estilo Jalisco, sin comparación al México sitiado por el “Chapo Guzmán” o Colombia de los tiempos del extinto Pablo Escobar.

Visitas : 134

Publicación : 20/04/2024 14:58 PM