• February 21, 2024, 8:17 am
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¡Hasta el final!

¡Hasta el final!

¡Hasta el final!

¡Hasta el final!


Jesús A. Jiménez Peraza, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia

¡Hasta el final! Indudablemente ha sido un buen eslogan para identificar la precandidatura de María Corina Machado. Traduce disposición de lucha; fortaleza de ánimo; está acorde con sus principales características afincadas en el carácter, credenciales, capacidad y tenacidad suficientes para ser candidata primero y, luego, Presidente de la República.

Pero llega el momento de la determinación, ahora no debe verse como un lema, sino concreción de la estrategia. En principio, todo lo humano es finito, la vida llega hasta la muerte; una idea hasta su cristalización; un objeto hasta su consumo o inutilidad.

Una precandidatura presidencial concluye con la inscripción del candidato ante el Consejo Nacional Electoral, requisito indispensable para iniciar la siguiente etapa. Nada induce a pensar que éste desconocerá el pronunciamiento dictado por la Sala Político Administrativa el 26 de enero del 2024, según el cual María Corina no puede aspirar a cargos públicos de elección popular porque está inhabilitada por 15 años.

La inhabilitación es ilegal: violenta el artículo 65 CN1999, con fuerza orgánica superior al dispositivo de la Ley de la Contraloría General de donde deriva la sanción. También es verdad que el auto dictado por Sala Político Administrativa, para resolver su denuncia de vías de hecho, no es una sentencia y está maculada entre otros vicios de incongruencia positiva, pero en el foro de esta Venezuela contemporánea de mis tormentos, para recordar a Cabrujas, hemos entendido la distinción atribuida al jurista y filósofo Inmanuel Kant, entre la verdad sustancial o verdadera, caracterizada por la razón y la justicia ante la verdad procesal o formal, que aplica el Poder Judicial para causar efectos válidos sobre todo cuando interesan al Estado.

Era una verdad sustancial que en el 2009 no se podía consultar de nuevo al pueblo, sobre la posibilidad de reformar la Constitución para imponer la reelección indefinida. Tampoco en el 2015 podía cambiarse la mayoría calificada obtenida por la oposición; ni en el 2017 era viable que Maduro pudiera convocar una constituyente, sólo tiene potestad para tomar la iniciativa.

Pero la verdad formal, por tanto, capaz de causar consecuencias jurídicas, fue que se aprobó la reelección indefinida, vía enmienda. Antes de instalarse la Cámara el 5 de enero del 2016, la oposición estaba representada por tres diputados menos, por ende, tenía solo una mayoría absoluta con atribuciones morigeradas y, el CNE ordenó el 2017 realizar la constituyente convocada por el Presidente de la República.

Es cierto que María Corina se impuso en forma cómoda e indubitable en la primaria convocada y ejecutada por parte de la oposición, de allí nace la legitimidad de su propuesta candidatural y puede mantener in péctore su estrategia sub siguiente, pero esta táctica tiene un final, llega hasta que se cierre la posibilidad de inscripción para la carrera presidencial, según el cronograma electoral que propondrá la Asamblea Nacional del régimen al órgano electoral.

Si para entonces no hay un reemplazo, la oposición quedará sin candidato porque no tienen tal condición los siete u ocho señores que nadan entre dos aguas del mundo político, que además representan entre todos, un porcentaje inferior al de los votos nulos, sin posibilidades razonables de aumentarlos.

No es problema menor, que aún quedan efectos de aquellas instrucciones erradas que desde el 2005 oscurece el panorama nacional, que lleva al venezolano a refugiarse en la abstención como respuesta a la inconformidad, espectro favorable y determinante para el triunfo del oficialismo. La participación popular y masiva de octubre pasado no solo fue una aprobación al liderazgo de María Corina, que indudablemente lo es, sino también la reacción de muchos venezolanos que querían visibilizarse ante el hartazgo por un país en deplorables condiciones económicas, sociales, de infraestructura y de servicios públicos.

No dar una lectura apropiada a la votación masiva de octubre 2023, calificándola como la emisión de una encomienda personalizada y no endosable o no aceptar hasta el final; un término que precluye, es un daño potencialmente inconmensurable al país. ¡Dios bendiga a Venezuela!